Violencia de género en la era digital: el delito de sexting

Se estima que, durante el año 2020, alrededor del 91% de la población adulta española ha usado Internet de manera frecuente. Es indiscutible que la tecnología evoluciona de forma vertiginosa. Se abre con ella un amplio abanico de posibilidades, pero surgen, a la par, infinitos riesgos. Son múltiples e incontables las utilidades que nos brinda la red, pero la facilidad con que nuestros datos e imágenes escapan de nuestro control resulta prácticamente inconmensurable.

Con Internet ha nacido la llamada ciberdelincuencia y las redes se han convertido en el escenario de numerosos delitos: estafas, acoso, amenazas, coacciones o fraudes, entre tantos otros. La era digital plantea un nuevo marco para la lesión de toda clase de bienes jurídicos y, en particular, de los derechos de la personalidad.

Esta nueva forma de delincuencia ha traído consigo, a su vez, nuevas formas de violencia contra las mujeres y niñas. En este contexto, la sistemática violencia de género no solo persiste, sino que se reinventa. El ciberespacio ofrece al agresor novedosas vías para reafirmar su dominio y ejercer violencia sobre la víctima. Así, más allá del maltrato físico o psicológico que pueda este perpetrar en presencia de la mujer víctima, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación y las redes sociales facilitan que esta violencia siga ejerciéndose a distancia.

En el ámbito del Derecho Penal y con el propósito de dar respuesta a estas nuevas conductas delictivas, se promulgó la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. En la Exposición de Motivos de la mencionada Ley Orgánica se pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una reforma de nuestra norma penal habida cuenta de las transformaciones y nuevas necesidades sociales.

En los últimos años, se ha generalizado la comisión de delitos tales como el sexting o el acoso en línea en el seno de la violencia de género. Centrándonos en el primero, se ha convertido en una práctica sumamente habitual el hecho de que el agresor, una vez finalizada la relación de pareja, difunda, sin el consentimiento de la víctima, imágenes de carácter íntimo de la misma obtenidas con su anuencia mientras duraba el vínculo afectivo. Se trata de una conducta mediante la cual el autor persigue desprestigiar a la víctima, haciendo públicos aspectos de su intimidad con ánimo de obtener un provecho económico o de otra clase.  La influencia del imaginario patriarcal es tal que no son pocos los supuestos en que el agresor divulga imágenes de explícito contenido sexual, con ánimo de denigrar y humillar a la víctima, dando lugar a lo que se ha llamado “porno-venganza”.

La forma como afecta este delito a las mujeres y su auge en el ámbito de la violencia de género exigen una obligada revisión desde la perspectiva feminista, más allá de lo estrictamente jurídico-penal.

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